El galgo es un animal hermoso, espléndido: delgado, aerodinámico, ágil, rápido, resistente y constante en la caza; de carácter amable y tranquilo en la casa, que fue protegido en la Edad Media con leyes realmente severas, porque era una raza muy apreciada. En muchos casos pasó de los corrales a los salones e incluso a las estancias reales.
Pero con los años todo ese respeto, toda esa consideración, se han ido disipando. Hoy la mayoría de los galgos malviven en naves y cobertizos, asustados, mal alimentados y obligados a cumplir con sus obligaciones de cazadores y corredores bajo amenaza de ser apaleados, ahorcados, abatidos por diversión, arrastrados hasta morir o, en el mejor de los casos, abandonados a su suerte. La realidad que conocemos es que el día que un galgo se lesiona, enferma o simplemente ya no satisface a su dueño, está condenado a una muerte incomprensiblemente lenta y sádica.
No voy a entrar en consideraciones sobre la gratuita cruel
dad pueblerina, sobre falta de sensibilidad que generan la incultura y la ignorancia, pero sí me parece que debo escribir sobre lo triste que resulta que las propias instituciones fomenten el maltrato y la tortura. Y eso es lo que va a pasar ahora en la Comunidad Andaluza, en un capítulo más de la sinrazón a la que nos tienen acostumbrados quienes manejan el poder en las autonomías.
La Consejera de Agricultura, Clara Aguilera, y Manuel Brenes, Director General de Gobierno de la Junta, han manifestado que ven con buenos ojos el entrenamiento de galgos con vehículos de motor, algo que está demostrado que produce en los animales ceguera, fracturas en las muñecas, fracturas en los codos, quemaduras en las almohadillas, etc. En realidad hasta ahora esta práctica era perseguida por los agentes del SEPRONA y multada con 600 €.
Parece que los galgueros maltratadores tienen mucho poder en Andalucía y, cabreados por las multas, han conseguido hacer temblar a los que miran el mundo a través del cristal de las urnas.
Afortunadamente, el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios está en desacuerdo con esta práctica, considerándola un maltrato físico y psicológico, y ha creado una comisión para tratar de convencer a la Consejería que no permita semejante barbaridad.
Si quieres ayudar a que el maltrato de los galgos no se legalice en Andalucía envía una carta personal de protesta a alguna de estas direcciones o, mejor, a las tres:
Presidente Junta Andalucía (José Antonio Griñán):
presidente@juntadeandalucia.es
Consejera de Agricultura (Clara Aguilera García):
consejeria.cap@juntadeandalucia.es
Defensor del Pueblo Andaluz (José Chamizo de la Rubia):
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